NEGRO INSONDABLE

   El otro día estaba en un bar con un amigo cuando la televisión comenzó a mostrar imágenes de las batallas campales en Kiev, entre policías y manifestantes, en medio de una plaza negra como el betún, como el hueco de desolación que dejaría sobre la Tierra un enorme meteorito.  Nuestra banal conversación de ese momento no pudo cuanto menos que desviarse hacia el tremendo impacto de esos acontecimientos en Ucrania, y yo aproveché para dejar bien clara mi inquietud.  A los pocos minutos una señora que estaba en la mesa de al lado nos ofreció el periódico, y al disculparse por haber puesto oreja a nuestras fáciles conclusiones de barra, nos espetó qué pasaba con Siria, por qué no hablábamos también de ello, puesto que ahí también hay mucha tela que cortar.

   El mundo está lleno de tragedias, pero yo estoy más ocupado pensando en Kiev, en cómo pagar las facturas y en Scarlett Johansson saludándonos desde la última portada de la Dazed & Confused.  Soy así de prosaico, qué le voy a hacer.

   Y también desde hace meses me encuentro indignado por las tropelías cometidas en la Radio Televisión Pública Valenciana, desde el comienzo de la manipulación por parte del PP hasta la extinción del ente a manos del mismo partido.  Y habida cuenta de mi inquietud, y seguramente contraviniendo el principio de radiante actualidad que rigen los medios (también la blogosfera, en cierto modo), recojo aquí la versión de un articulillo que escribí sobre la cuestión tiempo ha, por un asunto que no viene al caso.  Me imagino que aquella señora del bar estaría encantada de ver que esta juventud no se queda en el pulso diario de la información y que sigue mojando la almohada de lágrimas con según qué temas, aunque todo obedezca a razones caprichosas.

El articulillo se llama ‘Negro Insondable’, ustedes entenderán el nombre.  En fin…

Negro Insondable

Lecciones de la desaparición de RTVV

   El pasado 5 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo propuesto por Radio Televisión Valenciana (RTVV) para despedir a cerca de mil empleados del ente público.  El fallo estimaba las demandas presentadas por los sindicatos, que denunciaban la vulneración de derechos de los trabajadores así como la mala fe que habrían demostrado los representantes de la empresa en la negociación.  El Ministerio Fiscal, por su parte, había apuntado a criterios subjetivos en la elaboración de las listas de afectados por el ERE.

La decisión del Tribunal dejaba a la Generalitat Valenciana ante el peor escenario posible.  Con apenas 35 millones de euros reservados para el pago de indemnizaciones en el caso de que el ERE hubiera resultado improcedente, el Ejecutivo autonómico no podía costearse la readmisión de todos los empleados de la radiotelevisión pública.

La respuesta del Gobierno encabezado por Alberto Fabra no se hizo esperar.  Unas horas después de conocerse la sentencia, el Consell anunciaba en un comunicado el cese de las emisiones de RTVV, argumentando que la readmisión de los empleados era económicamente inviable.  De esta forma rechazaba de plano la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo, así como la aceptación de la sentencia y la apertura de negociaciones con los sindicatos para reestructurar la empresa.

Tras 24 años de historia, recorrida en su mayor parte por una vergonzosa subordinación a los mandatos del Ejecutivo autonómico, de repente algo cambiaba en Radio Televisión Valenciana.  Ese mismo 5 de noviembre por la noche, los empleados de la casa mostraban en directo su voluntad de seguir trabajando.  “Ni los valencianos ni los trabajadores son responsables de la mala gestión política y económica que ha hundido la empresa”.  Esos 24 años de sumisión se esfumaron en ese discurso, en el que a los trabajadores les faltó tiempo para señalar a los ex directivos implicados en casos de abuso sexual y de corrupción y en la redacción de un ERE que acababa de demostrarse ilegal.

Al día siguiente la directora general del ente, Rosa Vidal, dimitía junto a su equipo directivo y pedía a técnicos y periodistas que siguieran “al pie del cañón” pese a los planes liquidadores del Consell.  Comenzaba entonces un mes de resistencia informativa, en el que las voces del Partido Popular se replegaban poco a poco para dar paso a la de aquellos colectivos durante tantos años silenciados.

Desaparecido el salario del miedo, los empleados de RTVV ya no tenían nada que perder.  Ese intenso mes de información culminó en un órdago de doce horas de duración.  El jueves 29 de noviembre, minutos antes de la medianoche, la señal de Ràdio 9 dejó de emitir inesperadamente.  Poco después se interrumpió la emisión prevista en Canal 9 a medida que los agentes de Policía rodeaban la sede central de la televisión pública.  Ipso facto se dio comienzo a una programación especial en directo con la intervención de políticos de la oposición y consagrados periodistas.  Muchos de ellos llegaron al plató burlando el control policial y colándose por una ventana.  Es también el caso de Beatriz Garrote, representante de las víctimas del accidente de metro que en 2006 causó 43 muertos y 47 heridos en Valencia.

Entre la presión de unos técnicos y redactores que ocupaban los pasillos del edificio, el técnico contratado para ejecutar la desconexión se negó a llevarla a cabo.  Hizo falta que los liquidadores presentaran en el juzgado de guardia una denuncia por usurpación y coacciones que el juez amparó, tras lo cual se personaron en la sede central de Canal 9 en Burjassot, donde finalmente un operario subcontratado tiró del cable, literalmente, ocasionando con ello un grave daño a los equipos eléctricos y transformando casi un cuarto de siglo de actividad periodística en un negro insondable.

   Hacía mucho tiempo que no se escuchaba con tanta rotundidad el rechazo de un colectivo heterogéneo hacia el mandato de un Gobierno.  En esas extrañas situaciones de vacío de poder, cuando el sistema establecido ha caído y las personas han de organizarse improvisadamente, se nos presenta la oportunidad de indagar en los entresijos de ese sistema moribundo.  Sucedió en las últimas doce horas de Canal Nou, las doce horas que más credibilidad se merecen en sus 24 años de historia.  Fue tiempo más que suficiente para que los profesionales de la televisión valenciana manifestasen cuál es el papel que corresponde a los medios, a saber, satisfacer ciertas necesidades informativas de la sociedad, sin temor a expresar la desafección de esta por la casta política.

Aquel fatídico 29 de noviembre ocurrió otro hecho histórico e igualmente revelador:  Todos los periodistas convocados a la tradicional rueda de prensa tras la reunión semanal del Consell –reunión organizada excepcionalmente en un pueblo de Alicante- plantaron al portavoz del Gobierno.  Con su ausencia evidenciaban que el cierre de la radiotelevisión pública no era para ellos sino un atentado a la libertad de expresión y el derecho a la libre información, principios que no entienden de rivalidades empresariales.  También pusieron de manifiesto el poder de los medios.  ¿O alguien se enteró aquel día, una vez la RTVV ad hoc del Ejecutivo popular había muerto, de la inauguración por parte del señor Fabra de la nueva sede del Museo Valenciano del Juguete?

Los políticos valencianos, conocedores de ese poder, siempre entendieron que el ente público debía comportarse como una Consejería más de la Generalitat.  La Consejería del Entretenimiento, consignada a somatizar a la población, promoviendo formatos basura como Tómbola y amputando cualquier conato de reflexión de la actualidad informativa.

Ya la llegada del PP al Gobierno valenciano, en 1995, vino acompañada de escándalo por los intentos del partido de nombrar jefe de informativos de Canal 9 a un diputado popular, José Vicente Villaescusa, quien finalmente ejerció de director general entre 1996 y 2004.  Este polémico nombramiento sería solo el comienzo de un mecanismo de puertas giratorias entre los gabinetes de prensa de la Generalitat y los cargos de relevancia en los servicios informativos.  En 2011, como colofón a ese sistema viciado, la otrora jefa de prensa de Francisco Camps, Nuria Romeral, era nombrada directora de Ràdio 9.

A las contrataciones opacas hay que añadir un largo proceso por el cual se engrosó injustificadamente la plantilla, sin más razón que la de colocar, a dedazo, a colegas del partido hasta el punto de crear una redacción paralela, sumisa a las órdenes del Ejecutivo.  Con un exceso de redactores contratados, los altos cargos pudieron permitirse el lujo de relegar a tareas insignificantes a aquellos profesionales discrepantes con la doctrina oficial.  Dando un paso más en el mismo sentido, abolieron el Consejo de Redacción, que venía recogiendo las quejas por manipulación de los empleados.

Los máximos responsables de la radio y la televisión pública conformaron, en suma, el escenario ideal para servir a los intereses del Consell.  El Plan Hidrológico Nacional y su conocida campaña del ‘Agua para todos’, la Fórmula 1, la visita del Papa Benedicto XVI, faraónicos proyectos urbanísticos…  El objetivo de RTVV era marcar las prioridades de los valencianos.  “Hubo un despilfarro absoluto del presupuesto para convertir Canal 9 en el No-Do”, remachaba recientemente Iolanda Mármol, una periodista de la cadena.

Los presidentes Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra, por ese orden, se apoyaron en ese descomunal aparato mediático para publicitar su gestión.  Al mismo tiempo, aplastaron cuando no ningunearon cualquier voz discrepante.  Probablemente el caso más vergonzoso sea el del accidente de metro del 3 de julio de 2006, días antes de la visita del Papa a la capital del Turia.  Los periodistas de la casa recibieron entonces la consigna de sepultar el caso enseguida, pues su prioridad seguía siendo la visita del Sumo Pontífice.  En siete años, y hasta la recta final del ente, las víctimas fueron evitadas a toda costa por la radiotelevisión pública.  Otros medios de comunicación han conseguido desenterrar su causa, una causa que, gracias también a la intervención de Beatriz Garrote en la última mañana de Canal 9, hoy comienza a recibir la atención que se merece.

Si algo debería aprender la Generalitat de la debacle en RTVV, eso es sin duda la premisa de que no se puede tomar a la gente por tonta.  En estos últimos años el sector audiovisual ha experimentado numerosos cambios, con una fragmentación de las audiencias provocada por la TDT y los medios de Internet como principales obstáculos para las cadenas tradicionales –la radio, a su manera, también ha sufrido su particular revolución-, pero si ha habido un factor relevante en el caso valenciano ha sido el abierto rechazo de la audiencia a sus medios públicos de comunicación.

No cuesta imaginar que los dirigentes valencianos, conscientes de ese distanciamiento entre los ciudadanos y sus medios,  hubieran vaticinado que nadie derramaría una lágrima por RTVV.  Podrían llevar a cabo entonces una voladura controlada, de una empresa que ellos mismos se habían encargado de emponzoñar, para en última instancia proceder a la liquidación de todos los equipos técnicos, que presumiblemente acabarían en manos privadas.  Pero en su curso hacia esa suerte de saqueo legal sí encontraron el rechazo de una población que, a diferencia de ellos, pone en valor la necesidad de mantener medios de comunicación públicos, plurales y en valenciano.   Por añadidura, el sobrecoste al que apunta Alberto Fabra como una de las razones del cierre no es sino una razón para no hacerlo, pues en todo caso habría que intentar rentabilizar toda esa inversión llevada a cabo por los valencianos durante años.

Reporteros Sin Fronteras se ha apresurado a señalar que la desaparición de Radio Televisión valenciana sienta un peligroso precedente –conviene recordar que recientemente el Gobierno griego también cerró sus medios públicos-, pero aquí de nuevo hemos de analizar los acontecimientos para hacer pedagogía.  Se debe procurar que tamaña tropelía sirva para tomar lecciones, y para demostrar a la clase dirigente la relevancia de los medios públicos de difusión en la sociedad actual, partiendo de su función de garante de la información plural y de calidad, entre otros menesteres.

   Las funciones que los medios de titularidad pública deben cumplir son muchas, y para la consecución de tales fines ha de transcurrir un largo periodo de desarrollo.  En este proceso, los órganos de poder juegan un papel fundamental, como auspiciadores de las condiciones necesarias para que esos medios cumplan con su deber sin injerencias, emancipados del poder político y más próximos a su audiencia.

“Estamos con vosotros, valencianos, como vosotros estáis con nosotros”, afirmaba, más bien apelaba, una de las últimas voces escuchadas a través de Canal Nou.  Los entes públicos de la comunicación deben siempre estar del lado de la ciudadanía, que esta se sienta orgullosa de aquellos, los vea, los escuche.  En ese marco un Gobierno encuentra su mejor termómetro sobre la situación de la sociedad, su mejor medida de control interno y su mejor altavoz.

Si aceptamos el aforismo de Marshall McLuhan, El medio es el mensaje, y lo extrapolamos a los sistemas públicos de difusión, determinaremos que las autoridades dependen de la existencia de una televisión y una radio creíbles.  Solo si estas cadenas despiertan confianza entre el público las Administraciones Públicas podrán dotar a sus mensajes de credibilidad.  Esto es así porque, parafraseando al teórico canadiense, el medio se incrusta en el mensaje.

El ánimo de un Gobierno a la hora de mantener esas empresas también debe ser el de fortalecer sus estrategias de comunicación, sin subestimar la inteligencia del público, y en definitiva, del elector y potencial votante.  La audiencia, siempre exigente, está cada vez más prevenida frente a la información sesgada.  Por añadidura, ante la disponibilidad de un sinfín de vías para informarse, hoy en día no hay nada más torticero que gestionar un medio como si se tratase de un órgano de partido más.

Nadie reformuló las tesis de McLuhan en Valencia, como  tampoco, en la decisión de extinción final, nadie se percató o quiso atender al valor de RTVV como instrumento de desarrollo económico.

Porque la proximidad que caracteriza a los medios públicos locales y autonómicos ha de ser su seña de identidad, por razones económicas y sociales.  Esta circunstancia repercute en la sociedad con unos beneficios difícilmente mensurables.  Por tanto, resulta imposible comparar la rentabilidad de un medio público con la de uno privado.  Más aún, no conviene determinar el éxito de dichas corporaciones basándose en valores estrictamente numéricos.

La industria audiovisual conforma un sector estratégico clave en cualquier región, y los medios públicos son muchas veces un soporte ineludible para dicha industria, que de otras formas apenas si encontraría eco en la población para sus producciones.  Una comunidad con los instrumentos para verse en televisión, para expresarse y reconocerse, es una comunidad aventajada en la era mediática en la que vivimos.

La nómina de objetivos de cualquier radiotelevisión pública no termina aquí. Una vez estos medios han asimilado la pluralidad política como uno de sus pilares fundamentales, conviene ir en la búsqueda de la pluralidad social.  De conseguirse esta última, nadie pondrá en duda la necesidad de mantener unos entes públicos independientemente de la situación económica y de los partidos que lleguen al Gobierno.

Hemos de asumir que en la última década se ha producido en España un distanciamiento entre las instancias políticas y la ciudadanía, la cual considera a sus políticos más cerca del problema que de la solución.  Esta tremenda desafección explica que no baste con lograr una representatividad del arco parlamentario en los medios de titularidad pública.  En cambio, los sistemas de difusión han de establecer los mecanismos para acercarse a los colectivos sociales.

Las Administraciones Públicas tienen ante sí el deber de reinventar los medios públicos al ritmo que les marca la sociedad, también para el beneficio de unas autoridades que requieren de un canal de difusión tan plural como creíble.  Porque los medios públicos han de tener una historia de largo recorrido, porque los contribuyentes nos lo merecemos.

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